//El aumento al pasaje puede tener un costo político.

El aumento al pasaje puede tener un costo político.

Integrantes de la Red Mexicana de Franquicias (RMF) señalaron que era necesario el aumento al pasaje, sin embargo, afectará la economía de los más pobres, además piden se considere como delito grave el robo a celulares.

Francisco Lobato Galindo, Presidente de la RMF, acompañado por Andrés de la Cruz Espinosa, Roberto Esquivel Ruiseco y Enrique Vargas, señaló que existía un rezago importante en las tarifas del transporte público y alguien tenía que asumir el costo político, considerando que el gobernador Miguel Barbosa Huerta, tuvo mucho carácter para entender las necesidades e incrementar la tarifa de manera razonable.

Resaltó que no se autorizó el aumento solicitado por los transportistas era de 10 pesos, el cual quedó diferenciado en dos tarifas, sin embargo, vulnera el bolsillo del ciudadano promedio, lo que sin duda tendrá un costo político que con el tiempo se irá diluyendo en la medida que mejore la economía del estado.

“Después de haberse autorizado este aumento, se tendrá que exigir a los permisionarios un transporte digno, de esta manera cuidarán la concesión que les otorga el gobierno, ya que, si esto fuera un mal negocio, los transportistas no se dedicarían a esto. Hay que evitar prestarse al juego de las personas que ejercen presión con las autoridades para obtener los incrementos, pero que no hacen lo necesario para mantenerse competitivos, dado que las unidades se mantienen en condiciones vergonzosas”.

Sobre si el aumento a las tarifas es una “vendetta ciudadana” del gobernador debido a que en la capital perdió las elecciones, el presidente de la Red Mexicana, consideró que podría haber alguna mano “que mece la cuna” y que podrían haber “calentado” esta situación, como sucedió en la ciudad de México con los taxistas, que buscan estorbar a un gobierno que hace acciones diferentes. “Esperamos que le vaya bien al gobernador y no pague el costo político. Esta es una papa caliente que se activó cuando ciertos grupos perdieron el gobierno”.

De continuar la misma situación con el servicio del transporte, la sociedad se debe organizar para exigir a los permisionarios un buen trabajo o que se les revoquen las concesiones. El gobierno tiene esta herramienta para exigirle a los transportistas.

Por otra parte, Roberto Esquivel indicó que, respecto al robo de celulares, se debe considerar este delito como grave, para inhibir haya cada vez más delincuentes que han cobrado vidas, por un teléfono, además de sancionar también a quienes los ponen en venta y a quienes desbloquean los teléfonos robados.

Antonia Tapia Cruz